La Comunidad de Paz de San José de Apartado: enfrentando la violencia con unidad y solidaridad en Colombia
El Estado colombiano afirma que la zona de Urabá se encuentra pacificada; sin embargo, la paz de la que se habla en la región es la paz de las tumbas, del miedo y de los fusiles que intimidan y callan.
Luego de un diagnóstico colectivo sobre el acoso del cual era objeto por los diversos grupos armados en la zona (paramilitares, guerrilleros y militares) la comunidad de San José de Apartadó se conformo’ en 1997 en “Comunidad de Paz”, teniendo como principios:
- no ser parte ni directa ni indirecta de conflictos;
- no portar armas, municiones o explosivos;
- abstenerse de apoyar a los actores armados que participan en conflictos;
- no pedir ayuda a los actores armados para resolver los problemas personales y familiares;
- no manipular ni entregar informaciones;
- participar de los trabajos comunitarios y no aceptar la injusticia y la impunidad de los hechos.
Desde aquí, este grupo de familias campesinas comenzó a pensar, de manera conjunta, como hacer frente de manera pacífica a los actores armados que todos los días los acosan para que ingresen a sus filas, como producir colectivamente de manera tal que las ganancias se reparten entre las personas que trabajan, y como hacer que las mujeres pueden trabajar igual que los hombres y tener cargos de liderazgo. La comunidad empezó así un sistema de educación alternativa, que incluye su historia propia y la historia de sus líderes asesinados y asesinadas por defender su proyecto de vida diferente, y que permite desarrollar alternativas de solución a las problemáticas campesinas (p.ej., energía solar, saber de parteras, conocimiento de plantas y otros saberes indígenas) y rescatar lugares de horror y asesinados (la Comunidad ha sufrido más de 700 violaciones de derechos humanos y más de 172 asesinatos) en aulas de la universidad popular.
La Comunidad de Paz es un lugar de resistencia al desplazamiento forzado del campesinado en Colombia, ya que las presiones políticas y armadas para abandonar su territorio son constantes y los grandes grupos económicos y políticos en el país tienen sus ojos puestos en esta comunidad que habita en un lugar rico en recursos naturales y en un corredor de narcotráfico. De un lado, la comunidad ha logrado protección de parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, en defensa de su principio de neutralidad ante el conflicto armado. Del otro, el gobierno la considera como “comunidad guerrillera” y no aporta alguna ayuda contra los asesinos y los violentos que la ataquen. Pero muchos son también los que la sostienen moralmente, entre los cuales sacerdotes, filósofos, ex-alcaldes, y pacifistas de todas partes del país y del mundo.
