Una alianza Maya para defender el territorio y construir la autonomía
La microrregión Poniente de Bacalar, en Quintana Roo, México, la integran comunidades mayoritariamente mayas. Últimamente, como resultado del desconocimiento de sus derechos colectivos, se ha ido incrementando la venta de tierras ejidales y con eso el cambio de uso del suelo que propicia la deforestación de las mismas. La brecha inter-generacional entre padres e hijos también propicia esto, ya que las nuevas generaciones han perdido el sentido de pertenencia con la tierra. Aunado a esto, la empresa transnacional Monsanto, desde 2005 ha adquirido permisos de las instancias gubernamentales para la siembra de organismos genéticamente modificados, primero en etapas experimentales y, en 2012, en etapa comercial por tiempo indefinido. Ante esta amenaza, apicultores y campesinos han interpuesto demandas de amparo por el permiso otorgado en sus territorios y por las afectaciones que conllevan, principalmente por las fumigaciones de glifosato, agroquímico asociado a la siembra de soya transgénica. La más grande preocupación es que la empresa Monsanto solicitó el permiso de siembra de soya transgénica en esta región por tiempo indefinido. De serle otorgado, no habrá manera de que la empresa se vaya y las comunidades mayas no podrían conservar su modo de vida.
La apicultura es una actividad milenaria arraigada a la cultura maya. Con la entrada de los transgénicos se corre el riesgo de que la miel orgánica, que es la principal fuente de ingresos económicos de las familias mayas de la región, se vea afectada. Otra de las preocupaciones importantes es la contaminación de los mantos freáticos por la filtración de los agroquímicos que la soya transgénica requiere para su cultivo (principalmente el glifosato). La pérdida de biodiversidad es otro de los impactos previstos, ya sea por el uso del glifosato en la soya transgénica, como por la deforestación de grandes hectáreas de selva, ya que los modelos de monocultivo agroindustrial requieren de grandes extensiones de tierras mecanizadas y riego para su producción. Un riesgo más tiene que ver con el desplazamiento del sistema milpero que representa la seguridad alimentaria de las familias mayas de la región por la diversidad de alimentos que en ella se produce.
En frente de estas amenazas, se ha desarrollado una estrategia que aborde la defensa por la vía legal, pero también que fortalezca la base social, en particular las asambleas ejidales donde las comunidades tienen el derecho de establecer reglamentaciones y estatutos que regulen sus territorios. Por ese motivo, se están revisando los reglamentos internos de los ejidos, para establecer que la tierra no pueda ser usada para monocultivos transgénicos. Entonces, por una parte se entablen los juicios de amparo, pero también se van recuperando las estructuras de toma de decisiones que involucren a toda la comunidad y en particular el consejo indígena, en donde representantes del pueblo maya de diferentes comunidades participan como voceros de sus asambleas comunitarias, logrando unidad y fuerza mayor a nivel regional. Representantes de varias comunidades han empezado los trabajos para conformar el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar de tal manera que si el poder judicial del Estado no protege a las comunidades, sean las mismas comunidades las que ejerzan su derecho a la libre determinación, se auto protejan y autogobiernen.
La subvención de la Fundacion PKF apoya encuentros comunitarios, talleres de asistencia legal y capacitación jurídica, visitas de intercambio entre comunidades que caminan procesos de defensa de sus territorios y de reconstrucción de sus modos tradicionales de autogobierno y la elaboración de materiales impresos, en audio y vídeo, para la difusión del tema de transgénicos. Lo que se quiere lograr es la creación de una alianza del pueblo maya a nivel peninsular– para defender el territorio y construir la autonomía.
