La lucha continúa en la costa caribeña de Nicaragua
Entre las malas noticias de este año, tenemos que lamentar una masacre que afectó en agosto de 2021 a las comunidades indígenas Miskitu y Mayangna que viven en la costa caribeña de Nicaragua. Al menos 11 personas perdieron la vida allí como parte de un patrón creciente de violencia y despojo infligido a las comunidades indígenas por los colonos que llegan para talar ilegalmente, extraer oro y criar ganado en la zona. El gobierno nicaragüense no sólo no ha aplicado la protección legal de las tierras indígenas, sino que desempeña un papel activo en la colonización y la explotación. Desde 2015, los colonos han matado ya a más de 60 indígenas en Nicaragua, mientras que muchos otros han sido desplazados, según el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).
«A pesar del reconocimiento de estas tierras como territorios autónomos por la legislación del país, el gobierno de Ortega ha promovido fuertemente la minería de oro, la silvicultura comercial y la ganadería desde que tomó el poder en 2007, tanto por sus acciones como por sus omisiones», dijo la directora ejecutiva del Instituto Oakland, Anuradha Mittal. «El resultado ha sido la afluencia de colonos a estas tierras, que siguen apoderándose de ellas y matando a las comunidades indígenas con impunidad», añadió Mittal.
El silencio internacional en torno al fracaso del gobierno nicaragüense a la hora de hacer cumplir las leyes nacionales, su connivencia con los intereses empresariales y su papel activo en la colonización de tierras protegidas fue roto anteriormente por el informe del Instituto Oakland, La revolución fallida de Nicaragua. El informe también sacó a la luz testimonios de primera mano sobre la falta de seguimiento por parte del gobierno de las denuncias de violencia y asesinatos de los miembros de la comunidad indígena Miskitu desde 2015. El mismo ciclo ha continuado con esta última masacre; ni la policía ni el ejército habían investigado el caso en los días inmediatamente posteriores a los asesinatos, ni habían reconocido que el incidente hubiera ocurrido.
«Los colonos siguen matando a nuestro pueblo con total impunidad», ha declarado Lottie Cunningham, galardonada con el premio Paul K. Feyerabend, fundadora y directora del CEJUDHCAN. «El Estado ha ignorado nuestras peticiones de investigar y procesar los asesinatos cometidos en el pasado a manos de los colonos, y ahora las autoridades se niegan incluso a reconocer que esta masacre tuvo lugar. Esta impunidad garantiza que se produzcan más masacres como ésta».
El escrutinio internacional sobre el desprecio del gobierno nicaragüense por el bienestar de los pueblos indígenas ha aumentado en el último año. En el 46º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha instado al gobierno nicaragüense, dirigido por el presidente Daniel Ortega, a «adoptar medidas efectivas, en consulta con los pueblos indígenas, para prevenir y hacer frente a la creciente violencia que se comete contra ellos, entre otras cosas llevando a cabo investigaciones rápidas e independientes sobre los presuntos asesinatos y tomas de tierras por parte de grupos armados». A continuación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública sobre los impactos de la colonización de las tierras indígenas en la costa del Caribe en marzo de 2021. Es razonable dudar de que Ortega -apenas ganador de una farsa de elecciones libres- escuche el llamado.
