El Gobierno de Nicaragua cierra más organizaciones que defienden a los pueblos indígenas y afrodescendientes en un intento de silenciar su lucha por las tierras y la vida
En marzo de 2022 el gobierno del presidente Daniel Ortega ha revocado la personalidad jurídica de 29 organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas dos organizaciones fundadas por indígenas y afrodescendientes nicaragüenses para defender la autonomía y los derechos de sus pueblos. Esto se sumó a más de un centenar de ONG y otras entidades despojadas de su personalidad jurídica desde 2018, entre ellas la más destacada organización nicaragüense de derechos humanos y dos ONG ecologistas con una larga trayectoria de colaboración con los pueblos indígenas y afrodescendientes para luchar contra la colonización de sus tierras. Se trata de un intento de silenciar a los pueblos indígenas y afrodescendientes y a sus aliados en la lucha por sus tierras, sus medios de subsistencia y sus propias vidas contra una embestida de colonización violenta.
«No es de extrañar que el régimen de Ortega opte por perseguir a las organizaciones indígenas y afrodescendientes y a sus aliados. Desde que llegó al poder en 2007, el gobierno de Ortega ha priorizado los beneficios para la élite a expensas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El gobierno ha proporcionado incentivos financieros, desregulación y apoyo institucional a la minería de oro, la silvicultura comercial y la ganadería», dijo Anuradha Mittal, directora ejecutiva del Instituto Oakland.» La investigación del Instituto Oakland, realizada junto a valientes socios en Nicaragua, ha demostrado que estas actividades empujan a los colonos a los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, impulsando la deforestación y la violencia. El régimen de Ortega quiere silenciar a las organizaciones lideradas por indígenas y afrodescendientes que llevan a cabo investigaciones sobre el terreno, documentación, litigios e incidencia política para proteger sus vidas y sus tierras.» Desde 2015, los colonos han matado a más de cinco docenas de indígenas y han desplazado a miles en la costa caribeña de Nicaragua.
La Fundación Paul K. Feyerabend está consternada al saber que una de las organizaciones cerradas en marzo de 2022 es la que fundó y dirigió su laureada de 2019, Lottie Cunningham Wren. Nos unimos al Oakland Institute y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su llamamiento para que el régimen de Ortega «restablezca la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, así como para que cese la represión contra los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos y las personas que defienden la vida y las tierras de los pueblos indígenas y afrodescendientes». Más bien deberían llevar a cabo el saneamiento, el último y crucial paso del proceso de reclamación de tierras que exigen las ONG de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El saneamiento requiere limpiar los territorios indígenas y afrodescendientes de colonos y empresas que viven o utilizan los territorios sin un título legal o un acuerdo de arrendamiento con la comunidad.
